MANUEL A. VEGA
atacando10@hotmail.com
SANTO DOMONGO.-Desmiento categóricamente lo que dice el cable con respecto a mi persona, estoy y estaré con la consciencia tranquila, y en disposición, como lo hice saber a las autoridades judiciales en el año 2005, de defender mi reputación y mi dignidad en cualquier lugar.
Así se expresó el ex general Jorge Radhamés Zorrilla Ozona en relación a la persona a que hace referencia el documento de Wikileaks, como Jefe del Ejército recibí un memorando ordenando el ingreso del señor Quirino Paulino.
Se hizo la investigación correspondiente en el departamento de Inteligencia y no fue encontrado nada contra esa persona, razón por la cual se le dio ingreso al Ejército Nacional.
Cuando en diciembre del 2004, estando yo en retiro, el país conoció todo lo relacionado con el señor Quirino, fui invitado en dos oportunidades a la fiscalía del Distrito Nacional, siendo el doctor Hernández Peguero el Fiscal.
Quedó establecido que no tuve ningún vínculo y que no recibí prebenda en el orden económico del señor Ernesto Paulino.
Estoy sorprendido por las declaraciones que, según Wikileaks, hizo el entonces Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito a Hans Hertell sin tener pruebas en sus manos que testificaran de lo que decía. Yo no tenía conocimiento de esta conversación, ni de su contenido.
Recuerdo que, siendo Hertell embajador, le hice una solicitud para compartir informaciones con relación al caso.
Este delegó en el agregado de defensa Teniente Coronel Glenn Huber. Conversé con Huber ampliamente todo lo relacionado con el ingreso del Sr. Quirino Ernesto Paulino Castillo al Ejército Nacional. Cuando concluyó nuestra conversación, el quedó consciente de que simple y llanamente cumplí una orden al recibir el memorando de fecha 9 de septiembre del año 2003, del entonces Secretario de las Fuerzas Armadas.
Lo revelado por Wikileaks
Wikeleaks acaba de divulgar el contenido de un cable confidencial que el entonces embajador de los Estados Unidos en el país, Hans Hertell, envió al Departamento de los Estados Unidos el 26 de enero de 2006, refiriéndose al tema y a indagaciones en este sentido realizó en esa época ante el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito.
En esa oportunidad, de acuerdo a lo revelado, Hertell dijo al Procurador que la Agencia Antidrogas Estadounidense (DEA) tenía “pruebas” de que los referidos políticos habían adquirido apartamentos de lujo pagados en efectivo por los hermanos Ulloa, posteriormente extraditados a los Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. A la sazón Gómez Casanova era secretario general del opositor Partido Reformista Social Cristiano (PRSC). Posteriormente, renunció de esta organización e ingresó al PRD, organización que lo postuló para diputado del Distrito Nacional, cargo que ostenta actualmente.
El cable dijo lo siguiente: “El Embajador le preguntó [a Domínguez Brito] acerca de “pruebas” recogidas por la DEA de que dos prominentes políticos -el secretario general del gobernante PLD Reinaldo Pared Pérez y el secretario general del opositor PRSC, Víctor Gómez Casanova- habían adquirido apartamentos pagados en efectivo por los hermanos Ulloa, posteriormente extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos por tráfico de drogas. Domínguez Brito indicó que no se contemplaba investigar a los dos políticos debido a insuficiente evidencia; «cientos de hombres de negocios adquieren propiedades similares», contestó. Desestimó la idea de que el PLD lo removiera del cargo de Procurador para proteger a miembros del partido”.
Indica que el Procurador llegó a reunirse durante dos horas con Hertell, a solicitud de este último, y que trataron diversos temas, entre ellos las extradiciones, el combate a la trata de personas, el caso Quirino, un posible tratado multilateral de intercambio de prisioneros, el progreso en reducir los asesinatos por parte de la Policía y la situación de Haití.
Domínguez Brito, agrega, expresó su decepción porque hasta el momento los investigadores en EEUU de casos de traficantes de drogas, incluyendo los de Quirino Paulino y los hermanos Ulloa, no habían aportado evidencias que implicaran a otros en la República Dominicana, dando a entender que la lentitud de los casos en Estados Unidos afectaba la capacidad de arrestar y procesar personas adicionales conectadas con Quirino en el país. Por este motivo, dijo, se había producido la reciente decisión judicial de liberar al alegado cómplice de Quirino Eleuterio Guante por falta de evidencia.
Afirmó: “Muchos militares de alto rango durante la administración de Mejía, como el jefe del Ejército, general Zorrilla Ozuna, habían recibido dinero de la banda de Quirino o de otros traficantes. Los traficantes en los barrios compran protección de la Policía y del personal militar. Afirmó también que la banda de Quirino todavía operaba bajo la jefatura de uno de sus familiares”.
